Nueva York (abr. 18/16). Sus Excelencias las señoras y señores Ministras, Ministros y Jefes de Delegación, Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito
Miembros de las organizaciones de la sociedad civil, Señoras y Señores Delegados.

En nombre del Gobierno de Colombia quiero agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes, en el marco de este importante evento convocado por las organizaciones de la Sociedad Civil. En el año 2012, los gobiernos de Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado a evaluar los alcances y limitaciones de la política de lucha contra las drogas, y pidieron organizar una sesión especial sobre este tema en las Naciones Unidas. Nuestra intención fue propiciar un debate plural, sincero y basado en la evidencia; desde el primer momento, insistimos en la necesidad de incluir todas las voces, resaltando el importante papel de la sociedad civil.

En el proceso preparatorio de esta Asamblea, el trabajo realizado por la sociedad civil ha sido trascendental por la generación de insumos, por la promoción de espacios de discusión y por la elaboración de propuestas concretas. Ninguna duda cabe de que ustedes han contribuido de manera eficaz al reconocimiento de los impactos profundos que ha tenido la política de drogas sobre los más vulnerables, llevándonos a una importante reflexión sobre la responsabilidad que tiene el Estado en la protección de sus ciudadanos. Como representante del gobierno de Colombia, puedo asegurarles que hemos escuchado atentamente sus reflexiones, seguido sus recomendaciones y tomado atenta nota de sus preocupaciones.

Por eso mismo, la UNGASS 2016 no debe ser entendida como el fin de un proceso, sino como el comienzo de la transformación de la política de drogas. Esta Asamblea es el principio del fin de una larga guerra contra las drogas, concebida sobre la utopía de un mundo libre de ellas; es el punto de partida para construir un nuevo consenso basado en parámetros de tanta trascendencia como los derechos humanos, la salud pública, la seguridad y el desarrollo. No debemos desestimar los avances significativos que se han logrado hasta el momento en asuntos como los que acabo de mencionar, pero tampoco podemos desconocer que las tareas pendientes nos obligan a mantener este debate abierto.

En mi país estamos muy cerca de terminar el conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental. Poner fin a una guerra requiere de tiempo y esfuerzo, de la voluntad política para conciliar posiciones contrarias y de la firme determinación para adoptar un camino distinto al de la confrontación. La firma de los acuerdos será solo el primer paso para comenzar a cambiar las realidades de los territorios y avanzar en la construcción de la paz; estamos convencidos de que esas transformaciones deben tener su epicentro en el ámbito local, a partir del reconocimiento de las necesidades y capacidades específicas de sus pobladores.

De la misma manera como estamos avanzando en la terminación del conflicto armado en Colombia, el mensaje que traemos a la UNGASS es que debemos abandonar el modelo de una guerra que no se ha ganado, que ha dejado cientos de víctimas y que ha concentrado desproporcionalmente recursos en estrategias represivas que han recaído sobre los eslabones más débiles. El acuerdo que alcancemos en la Asamblea debe sentar las bases de una política cuyo eje central sean las personas, su salud y bienestar, como desde hace muchos años mandan las propias convenciones. Atrás deben quedar las medidas represivas indiscriminadas, los presupuestos desbalanceados hacía las estrategias punitivas y la desatención del Estado a los sectores más vulnerables.

El consenso que hemos alcanzado en el proceso preparatorio de la UNGASS, está lejos de abarcar todas las facetas del problema, pero es el mejor hasta ahora logrado. Al asumir que es imposible lograr un mundo libre de drogas, podemos centrar nuestros esfuerzos en metas más realistas como la de evitar su abuso y minimizar las consecuencias nocivas que se derivan del mismo. Este es un acuerdo que incluye claramente la protección de los Derechos Humanos y está conectado con la Agenda de Desarrollo de 2030, dos ejes que hasta ahora estaban en el asiento trasero de la política de drogas. La UNGASS 2016, además, reconoce un margen de flexibilidad para que los países puedan aplicar la política de drogas de acuerdo con sus propias realidades; esto, Señoras y Señores, no es mas que el reconocimiento de que frente a las naturales particularidades de cada nación en el complejo universo de las drogas, resulta ingenuo pensar que tanta diversidad puede ser exitosamente enfrentada con fórmulas invariables.

El mundo es hoy más complejo que hace 40 años, incluso en lo atinente a loas drogas ilícitas; los linderos entre países productores y consumidores son cada vez mas difusos y, por consiguiente, una política de drogas edificada a partir de ellos resulta cada vez menos eficiente. Por eso hemos impulsado una agenda más amplia, que reconozca las causas subyacentes del problema y la necesidad de que el Estado influya positivamente en el desarrollo de las poblaciones afectadas por la economía ilegal de las drogas. Lo hasta ahora acordado constituye una clara invitación a todos los países para que exploremos medidas alternativas al encarcelamiento y para que pongamos en marcha programas que disminuyan los impactos negativos del uso de drogas.

Tenemos que retomar la senda correcta, y para eso es indispensable pasar del análisis de las evidencias recolectadas a las acciones concretas. Por eso el debate no puede considerarse cerrado después de esta Asamblea Extraordinaria; es indispensable que las distintas agencias de las Naciones Unidas continúen participando activamente en las discusiones y tomen parte en la puesta en marcha de las políticas que están dentro de sus competencias. Es imperioso que la sociedad civil siga empujando el debate y que a nivel local se apoyen los procesos de reforma que permitan llevar a la práctica lo que aquí acordamos; es a nosotros como países, a quienes nos cabe la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para llevar a la práctica los compromisos adquiridos.

Las batallas que se han ganado a lo largo de estos años, y la noble intención de continuar la lucha contra la drogas, no son suficientes par darnos por satisfechos. Debemos ser conscientes de que las nuevas realidades imponen dejar atrás una visión monocromática del problema, edificada en torno a parámetros marcadamente represivos, para buscar formas más eficientes de abordar las diversas manifestaciones que hoy tiene el fenómeno de las drogas.

Cerremos este capítulo de la historia; pongamos fin al modelo bélico como forma de enfrentar el problema de las drogas. No nos conformemos con las victorias parciales que nos deparó esa visión; sigamos ahondando en lo que la evidencia nos muestra y con base en ello esforcémonos por superar las falencias de la política actual. El debate debe continuar; sin polarizaciones ni imposiciones, pero con la determinación de encontrar una respuesta más eficiente y humana a un problema tan complejo como el mismo entramado social. La única forma de superar los errores del pasado, es avanzar en la construcción de un futuro distinto, reconociendo las victorias alcanzadas pero, sobre todo, siendo conscientes del trecho que aún nos falta por recorrer y asumiendo las tareas pendientes para lograrlo.