Nueva York ( Febrero 19/ 2014)

Intervención del Embajador Miguel Camilo Ruiz, Representante Permanente Alterno

 

Señora Presidenta,

Gracias por organizar este debate abierto sobre un tema de la mayor importancia para todos los Estados miembros, como es el de la justicia y el estado de derecho. Mi reconocimiento también a todas las intervenciones que me precedieron, así como a la presentación del informe del Secretario General sobre las Medidas para el efectivo apoyo brindado por el Sistema de Naciones Unidas para la promoción del estado de derecho en situaciones de conflicto y post-conflicto (S/2013/341).

Colombia asigna gran transcendencia al estado de derecho como un elemento fundamental para el mantenimiento y fortalecimiento de las instituciones, así como para una eficaz administración de justicia.

Prueba de ello es que en Colombia los instrumentos internacionales que versan sobre los derechos humanos y derecho internacional humanitario forman parte del "bloque de constitucionalidad", que se integra con fuerza normativa a los preceptos constitucionales y tiene rango superior frente al ordenamiento jurídico interno.

En la aplicación de esta normatividad actuamos en concordancia con los principios que la inspiran y en línea con la convicción de nuestro país de que los esfuerzos por fortalecer el estado de derecho deben partir de la iniciativa de los Estados, de acuerdo a sus necesidades particulares y a su capacidad institucional.

Colombia cree firmemente en que la administración de justicia es uno de los roles primarios de los Estados, y que la misma depende de la solidez de sus instituciones democráticas.

Por ello, agradecemos el interés que se ha mostrado en el desarrollo y aplicación de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de mi país para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, de la mano de reformas a la administración de justicia.

Entre ellas, deseo resaltar la ley 975 de 2005, "Ley de Justicia y Paz", por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y la Ley 1448 de 2011, "Ley de víctimas y restitución de tierras", por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Adicionalmente, contamos con herramientas tales como el Acto Legislativo 01 de 2012 del Marco Jurídico para la Paz, que consiste en una estrategia de justicia transicional, para investigar y sancionar las violaciones graves a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Estas disposiciones pueden constituir un punto de referencia para programas de fortalecimiento del Estado de Derecho en países con un contexto similar al colombiano.

Señora Presidenta:

Si bien Colombia reconoce la importancia de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes más atroces contra la humanidad, es preciso resaltar que el fortalecimiento de las capacidades nacionales de los Estados para procesar y sancionar dichos delitos redunda en beneficio de una paz duradera y sostenible.

Somos conscientes de los retos que impone la plena aplicación del Estado de Derecho. Estamos empeñados en continuar trabajando por ello y alcanzar el bienestar y la prosperidad para todos nuestros ciudadanos.

En este contexto, agradecemos el apoyo y el acompañamiento de que las Naciones Unidas nos puedan brindar en nuestro empeño de fortalecer el Estado de Derecho en mi país.

Conocemos también las responsabilidades que implica una correcta administración de justicia. La Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial, busca hacer de la función judicial una herramienta más eficaz, que permita una pronta y cumplida administración de justicia para todos los ciudadanos.

Colombia quiere subrayar la importancia de que, en el análisis de estas situaciones, se adopte una perspectiva que tenga en cuenta las características particulares de cada situación, incluyendo la existencia de tradiciones y fundamentos jurídicos diversos, así como problemáticas de origen disímil, a fin de evitar conceptualizaciones o generalizaciones que pueden no adaptarse a la realidad en el terreno.

Deseamos insistir en la importancia de que las Naciones Unidas, y en particular el Consejo de Seguridad, privilegien una perspectiva de cooperación con los Estados en relación con el fortalecimiento de las diversas áreas susceptibles de mejora bajo el ámbito del Estado de Derecho. Para ello, es preciso profundizar los puentes de comunicación entre la Asamblea General, el ECOSOC y el Consejo de Seguridad.

Para terminar, señora Presidente, quisiera señalar que las acciones de las Naciones Unidas en este campo funcionan mejor cuando complementan los esfuerzos del Estado. Resultaría difícil entender que decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad en el marco abstracto de temáticas de aplicación general, se apliquen en situaciones particulares, en contra del rumbo establecido por las autoridades legítimamente constituidas para la consolidación del Estado de Derecho.

Muchas gracias.