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Cancilleria de Colombia

Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Nueva York

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intervención de Miguel Camilo Ruiz

Señora presidente,

Al analizar los diferentes informes del Secretario General sobre los distintos grupos sociales que se encuentran en la agenda, se hace evidente la necesidad de aprovechar la coyuntura que nos ofrece la definición de lo que será la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas para después de 2015 e integrar de manera balanceada los tres pilares del desarrollo sostenible.

Al abordar la agenda de desarrollo pos-2015 nos debemos enfocar en la definición de metas que nos permitan catalizar la transformación profunda que buscamos.

Solamente a través de la identificación de metas concretas que permitan impulsar acciones específicas y mejores políticas en todos los componentes del desarrollo sostenible, incluido el pilar social, lograremos realmente hacer que se obtengan los anhelados resultados en materia de desarrollo.

Nuestro derrotero debe ser lograr una transformación en términos de enfoques, de recursos, de inversión.

Debemos centrar la atención de la comunidad internacional en el logro de la justicia social y el alcance del desarrollo sostenible inclusivo, centrado en las personas. La erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, lograr la integración social y crear pleno empleo y trabajo decente para todos son metas a nuestro alcance, por ambiciosas que estas parezcan.

Señora presidente,

El pasado septiembre, en el documento adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la reunión de alto nivel sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad, se reafirmó la determinación de colaborar en pro de un desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad.

Este propósito requiere de la adopción de un enfoque de derechos, deberes y corresponsabilidad del sujeto con el entorno, en todas las acciones que se adelanten con y para esta población.

Tal como lo discutimos en el debate sobre empoderamiento, es necesario que establezcamos las condiciones que hagan propicia la realización y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad, que se facilite su participación activa en todas las esferas del ámbito público, y se promueva el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.

Por otra parte, al discutir la mejor forma de abordar la discapacidad en la agenda de desarrollo pos-2015, se debe tener en cuenta la necesidad de avanzar y apoyar la implementación integral de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tanto como instrumento de derechos humanos, como de desarrollo.

Señora presidente,

El Informe del Secretario General sobre la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento de 2002, demuestra claramente su deficiente implementación y la multiplicidad de obstáculos sociales, económicos, culturales y jurídicos que aún inciden en la integración de las personas de edad.

El envejecimiento no siempre ha recibido la atención adecuada, y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos ha puesto de presente que la situación de las personas de edad presenta una serie de retos particulares y urgentes, los cuales se evidencian, entre otras cosas por lagunas normativas y operacionales en el sistema de protección.

El Consejo de Derechos Humanos, con el nombramiento del Experto Independiente para las personas de edad, ha contribuido de manera importante en la búsqueda de soluciones a estas dificultades.

Sin embargo debemos avanzar en la discusión de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que solucione la fragmentación y dispersión del sistema normativo existente; que de mayor claridad y coherencia; subsane las lagunas que aún persisten; promueva el fortalecimiento del enfoque basado en los derechos; responda a las necesidades específicas de este grupo poblacional y en definitiva, se fortalezca el sistema internacional de protección de los derechos de las personas de edad, y se promueva su plena integración social y económica.

Señora presidente,

Políticas a favor de la inclusión y plena participación de los jóvenes pasan necesariamente por resolver las deficiencias de los sistemas políticos y económicos que obstaculizan la utilización plena de todo su potencial en beneficio de la sociedad. Nos preocupa particularmente la incapacidad del sistema productivo para establecer condiciones que faciliten el ingreso de los jóvenes al mercado laboral.

Debemos avanzar en el desarrollo e implementación de políticas y programas que empoderen a los jóvenes, de manera que se aproveche todo su potencial, y establezcan condiciones que les permitan participar activa y responsablemente, tanto a en su desarrollo personal, como social.

Acceso a educación de calidad, igualdad de oportunidades, aprovechar las herramientas que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación, son aspectos que debemos seguir abordando en beneficio de la inclusión y pleno goce de los derechos de los jóvenes.

Señora presidente,

Dado que avanzamos en los preparativos para la celebración del vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia en 2014, Colombia considera que esta ocasión debe ser aprovechada para potenciar aún mas el rol de la familia en la promoción del bienestar social y económico de las sociedades, fortalecer la solidaridad intergeneracional, y avanzar en el reconocimiento, protección y atención a las necesidades específicas de las diferentes formas de la familia.

Esta celebración debe ser la ocasión para reafirmar la diversidad de nuestras sociedades, y dar cuenta de las transformaciones sociales que inciden sobre esta institución.

Las familias uniparentales, las lideradas por madres solteras o las conformadas por padres del mismo sexo, enfrentan retos específicos, los cuales no podemos obviar si queremos que esta institución juegue un papel central en el desarrollo.

Por último señora Presidente permítame hacer algunas observaciones sobre las labores futuras de la Comisión.

Tras largos debates e ingentes esfuerzos, durante el actual periodo de sesiones de la Asamblea General se adoptó la resolución 68/1 mediante la cual se reforma el Consejo Económico y Social, y se avanza en el propósito de aumentar su eficiencia y las de sus comisiones orgánicas.

Lo anterior implica que la Comisión de Desarrollo Social asuma desde ya un papel activo, avance en la adopción de medidas concretas para implementar la responsabilidad que le corresponde de acuerdo a la resolución 68/1, y que su programa de trabajo, de manera coherente, refleje el tema principal sobre el que se basa el programa anual de trabajo del ECOSOC.

La Comisión de Desarrollo Social tiene la importante responsabilidad de ofrecer insumos de calidad sobre el pilar social del desarrollo sostenible y favorecer su integración equilibrada con las otras dimensiones del desarrollo sostenible.

Así, esta Comisión y sus Estados miembros, deben hacer esfuerzos para que los resultados de nuestras deliberaciones sean sustantivos, relevantes, orientados a la acción, concordantes y con impacto sobre las labores del ECOSOC y la agenda de las Naciones Unidas.

Gracias señora presidente.

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