Como representante del Gobierno de Colombia, es honroso participar en este importante foro, junto con los demás delegados indígenas y gubernamentales presentes.
La agenda que se prevé desarrollar de este Foro, es especialmente relevante, particularmente resalto la pertinencia para mi país, del debate efectuado sobre “Pueblos indígenas, conflicto, paz y resolución”, teniendo en cuenta el momento histórico que vive Colombia con el proceso para alcanzar la paz y superar un conflicto de décadas, que ha traído muerte y desolación a todos los colombianos en especial a los más vulnerables dentro de los cuales se encuentran los pueblos indígenas.
Sin duda, en el pasado periodo de sesiones de este Foro, se obtuvieron importantes avances y se generaron recomendaciones, que han servido a los Estados para guiar sus políticas, planes y programas, en aras de garantizar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
Los informes presentados por los Estados miembros, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones indígenas, y las agencias de Naciones Unidas, dan cuenta de esos avances. Sin embargo, también identifican los importantes retos que aún persisten. Es por esa razón que estamos hoy aquí reunidos, buscando conjuntamente la mejor manera de hacerles frente.
Señores Miembros del Foro permanente de cuestiones indígenas, Señor Presidente:
Con el objeto de tener un contexto de la población que habita el territorio colombiano, me referiré en primer lugar a su caracterización.
De acuerdo con cifras del más reciente censo nacional de 2005, se auto-reconocieron un poco más de: 4.000.000 como población afrocolombiana, 30.000 como raizales, 7.500 como palenqueros y; 4.500 como Rrom, quienes habitan en su mayoría en áreas urbanas; y 1.400.000 como indígenas, viviendo el 79% en áreas rurales.
Lo anterior representa el 14% de las 48 millones de personas que componen la población nacional actualmente, de acuerdo con el estimado de la autoridad de estadísticas. En este universo se identifican tres grandes grupos étnicos y sociales, diferenciados geográfica y culturalmente del total de la población: las comunidades afrocolombianas y las comunidades raizales de San Andrés y Providencia, que conforman el 10.6% del total de la población; los pueblos indígenas que representan el 3.4 % y los Rrom o gitanos, el 0,01%.
En Colombia 89 pueblos indígenas están identificados y reconocidos plenamente por el Estado. El español es el idioma oficial y las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios. En el país, se hablan 65 lenguas amerindias, 2 criollas habladas por afrodescendientes y 1 lengua Romaní hablada por el pueblo Rrom o Gitano.
Colombia cuenta con un importante marco legal e institucional, con la firme convicción de que el Estado de Derecho y la democracia, incluyente, participativa y con respeto de las minorías, deben ser el estándar mínimo sobre el cual diseñar políticas públicas.
Señores Miembros del foro Permanente,
A continuación me referiré a los esfuerzos del Estado para asegurar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos étnicos.
La herramienta más importante de planeación con que cuenta Colombia es el Plan Nacional de Desarrollo, de iniciativa gubernamental y aprobado por el Congreso, el cual establece los lineamientos estratégicos de las políticas públicas y es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan objetivos, asignan recursos y se evalúa la gestión de estas políticas.
En los últimos cuatro Planes Nacionales de Desarrollo, que corresponden al periodo comprendido entre 1998 y 2014, se han incluido componentes específicos dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos étnicos y al reconocimiento y fortalecimiento de su identidad cultural. Lo anterior demuestra que la mejoría de las condiciones de vida de los grupos étnicos en Colombia es una prioridad para el Estado.
El Plan Nacional de Desarrollo vigente (2014-2018), también tiene como prioridad el disfrute de derechos en pie de igualdad para todas las personas. El Gobierno tiene el convencimiento de que para reducir la desigualdad y la pobreza, todas las personas, sin importar su procedencia, grupo étnico, género, edad, o condición de discapacidad, deben tener la posibilidad de acceder a mejores servicios públicos, apropiadas condiciones de habitabilidad, vías de acceso para conectarse con las regiones y con el país, servicios de salud de calidad y una educación que le permita construir su futuro.
De conformidad con lo anterior, en la construcción del plan más reciente gracias a una política de dialogo directo y trabajo continuo, por primera vez en la historia los pueblos indígenas fueron consultados para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018.
En relación con la garantía al Derecho a la salud, Colombia reconoce la diversidad y la especificidad de diferentes grupos poblacionales. Por esta razón se ha incluido en la Política de Atención Integral de Salud, la cosmovisión de los pueblos indígenas, para implementar un modelo diferencial.
Es así que en el año 2013, a través de la concertación se diseñó una Ruta de Atención Integral en Salud. Esta guía contiene una serie de medidas y mecanismos técnicos, administrativos y operativos con el fin de garantizar a la población indígena el acceso y la atención integral en salud con enfoque diferencial.
Para la atención integral a la primera infancia, se ha conformado un equipo de profesionales, técnicos y líderes pertenecientes a los grupos étnicos del país con el propósito de incluir el enfoque diferencial a la Ruta de Atención Integral.
Se han venido desarrollando servicios de salud amigables con énfasis en salud sexual y reproductiva, en los que se adecúa la respuesta institucional a las necesidades de los y las adolescentes, con el propósito de apoyar la construcción y realización de proyectos de vida acordes con su cultura.
En relación con la garantía al derecho a la Educación, la atención educativa para los grupos étnicos es una obligación para garantizar la permanencia de los conocimientos propios y reafirmar la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. En este sentido, se ha definido una política pública sectorial con énfasis intercultural y plurilingüe, con la participación y cooperación de las autoridades de los pueblos indígenas, para implementar sistemas de educación propia e intercultural.
Este nuevo enfoque de política, ha demandado una adecuación institucional aún en proceso de definición, que además implica un trabajo reiterado de concertación con las organizaciones y autoridades representativas de los grupos étnicos. En la actualidad 22 pueblos indígenas, representados por 13 organizaciones, administran el servicio educativo en las 14 Entidades Territoriales Certificadas.
Para el año 2014, el Estado colombiano previendo la necesidad de preservar y garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, de fortalecer el gobierno propio representado en sus organizaciones y la necesidad de avanzar en el reconocimiento de su derecho a la administración propia, expidió tres decretos como lo son:
Decreto 1953 y el 2719 de 2014, a partir de este decreto, los territorios indígenas podrán administrar directamente la asignación especial para resguardos indígenas, que está dispuesta en el Sistema General de Participaciones. También van a poder asumir la administración de los recursos y de las competencias en materia de salud, en materia de educación, en materia de agua potable y en materia de saneamiento básico, previa a una certificación de la entidad sectorial que corresponda.
Decreto 2333 de 2014, tiene por objeto establecer los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.
De acuerdo con nuestro Departamento Nacional de Estadística el área de los territorios indígenas constituidos como resguardos, parcialidades y asentamientos ocupan 33,8 millones de hectáreas del territorio nacional, siendo 31,2 millones resguardos, y 2,6 asentamientos y parcialidades. Hablamos que 29,6% del territorio nacional es territorio indígena. Luego, es importante señalar que la mayoría de la población indígena habita en la zona rural del país, particularmente en los resguardos indígenas que a la fecha están legalmente constituidos 748.
Cabe resaltar que el Estado ve la imperiosa necesidad de avanzar en la implementación de los Decretos, por lo que en la MPC, se acordó la conformación de una comisión de materialización e impulso al decreto 1953 que estará conformada por 17 delegados de las organizaciones indígenas y por todas las entidades del Gobierno Nacional que tienen competencia en el Decreto, para aunar esfuerzos tendientes a la implementación progresiva y efectiva de la norma. Dicha comisión ya tuvo su primera sesión en la cual se acordó el plan de acción con corte al 31 de diciembre de 2015.
Es un paso histórico, porque avanzamos hacia la conformación de Entidades Territoriales Indígenas y quedamos a la vanguardia, creo que a nivel mundial, en el efectivo reconocimiento de los derechos indígenas.
Señores y señoras,
En el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, quisiera referirme al derecho a participar en condiciones de igualdad en las actividades culturales:
El Estado colombiano creó, en el año 2008, la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, con el propósito de orientar e implementar políticas públicas para avanzar en el entendimiento de la cultura, como parte integral del desarrollo de una nación pluriétnica y multicultural.
Hemos avanzado en la adopción de una política lingüística, cuyos ejes fundamentales son salvaguardar y visibilizar el patrimonio lingüístico de Colombia, donde junto con el español coexisten 68 lenguas nativas, reconocidas como lenguas oficiales en sus territorios. En desarrollo de esta política se ha logrado la traducción a lenguas nativas, de importantes documentos de normatividad
A lo largo del Año 2015 se realizaron (9) nueve encuentros de capacitación con entidades del nivel Departamental y Municipal para dar a conocer los derechos fundamentales de las mujeres indígenas en Colombia, la situación de vulnerabilidad y las garantías que estos deben generar para la participación en los escenarios de toma de decisiones, formulación, ejecución y monitoreo de Políticas Públicas que tengan impactos sobre su armonía, hemos desarrollado acciones de capacitación y formación dirigidas a 1283 mujeres indígenas de distintos pueblos indígenas con estrategias de liderazgo y empoderamiento, en el marco del cumplimiento del Auto 092.
Los pueblos indígenas cuentan con curules especiales de representación política; sus autoridades son reconocidas como tales por parte del Estado; poseen títulos de propiedad colectiva de la tierra que es trabajada según sus costumbres ancestrales; son sujetos de acciones afirmativas en materia de salud, educación y cultura, que parten del reconocimiento de sus tradicionales usos y costumbres, la oficialidad de las lenguas indígenas en sus respectivos territorios, además cuentan con espacios privilegiados de interlocución con el Estado y con el mecanismo de Consulta Previa, que constituye una manifestación del derecho fundamental a la participación.
En ejercicio del derecho a la participación y la consulta, se debe destacar el proceso de consulta frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha concentrado todos los esfuerzos del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, con el objetivo de reparar a las víctimas del conflicto armado y restituir sus tierras, la cual comporta un enfoque diferencial, en particular en lo relativo a las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas.
Deseo reiterar que Colombia, como país democrático, ha fortalecido el diálogo y la articulación entre la Nación y los territorios; entre las instituciones públicas y las autoridades y comunidades indígenas, como entidades públicas de carácter especial. Y la consolidación de las políticas y marcos normativos, por su puesto han contado con la participación de los representantes y organizaciones de los pueblos indígenas, de conformidad con el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Colombia, es consciente de la trascendencia histórica que representa la realización de los derechos de los pueblos indígenas. Nuestro país enfrenta inmensos retos, el más importante: alcanzar la paz; una paz con equidad y justicia social, por eso estamos trabajando para que nuestros pueblos indígenas, sean partícipes de estos cambios.
El Gobierno reconoce el impacto amplio y diferenciado que ha tenido la guerra en todos los pueblos indígenas de nuestro país: el desplazamiento, el reclutamiento forzado de indígenas, el despojo, la ocupación y el uso indebido de sus tierras, las afectaciones al medio ambiente, las masacres de comunidades, líderes y lideresas, y en general la imposibilidad de hacer realidad sus planes de vida, son solo algunos ejemplos de las afectaciones que han sufrido en las mas de 5 décadas de conflicto colombiano.
Los acuerdos sobre los primeros 4 puntos de la Agenda de la Habana hasta ahora alcanzados, Reforma Rural Integral, Participación política, Problema de las drogas de uso ilícito y Víctimas, reconocen esos impactos diferenciados y es por ello que tienen como principio transversal en su implementación el reconocimiento de un enfoque diferencial y territorial.
La aplicación de este principio supone un reto inmenso en la implementación de los acuerdos, que debe velar por la protección y fortalecimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales, incluido el derecho a la consulta previa, y garantizar el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Como ya se ha anunciado la mesa ha decido invitar a representantes de los pueblos indígenas, así como de los negros, afrodescendientes palenqueros, raizales y Rrom a que contribuyan con su visión y preocupaciones a enriquecer la discusión sobre el punto 6 de la Agenda que trata sobre Implementación, refrendación y verificación de lo acordado. Esperamos que en los próximos días la mesa anuncie el mecanismo acordado para materializar esta participación directa de ustedes en la Mesa.
Debemos trabajar conjuntamente para fortalecer no solo la pedagogía acerca de lo acordado y así ayudar a responder a una serie de mitos que se han creado entorno a los acuerdos, sino fortalecer la interlocución permanente entre las comunidades y el Gobierno para garantizar la materialización del enfoque diferencial en la implementación de lo acordado y el pleno respeto y garantía de sus derechos. Ese es nuestro compromiso.
Finalmente, reitero que el Estado Colombiano comparte los principios que inspiraron el Contenido de la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, respetando la normatividad interna y la institucionalidad nacional, por eso continuaremos trabajando para la garantía, defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
Muchas Gracias.
