(Nueva York, 3 de noviembre de 2009)
Intervención de la Embajadora Claudia Blum, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, TEMA 41: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuestiones relacionadas con los refugiados, los repatriados y los desplazados y cuestiones humanitarias
Señor Presidente:
Mi delegación expresa su reconocimiento a las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y agradece el informe sobre esta materia presentado a la consideración de la Asamblea General. Quiero destacar, en particular, el alcance de los programas y retos identificados por la Oficina en relación con los mandatos de protección a los refugiados, así como las acciones de cooperación ofrecida a los Estados en la asistencia humanitaria a los desplazados internos.
Señor Presidente:
El Gobierno de Colombia ha asumido su responsabilidad primordial en la atención integral a la población desplazada. Como lo indica el informe, las autoridades han continuado fortaleciendo la protección a los desplazados internos, gracias a un sólido marco legal y de política que se ha consolidado en el país, en las distintas fases de prevención, asistencia y estabilización social y económica.
La política aplicada ha sido objeto de examen también en la Corte Constitucional, que ha expedido decisiones sobre medidas adicionales para atender efectos específicos del desplazamiento. La Corte y el Gobierno han definido indicadores que permiten medir los avances y retos en el disfrute efectivo de los derechos de la población desplazada.
En cumplimiento de decisiones recientes de la Corte, se ha iniciado un proceso amplio de consultas entre el Gobierno y las comunidades indígenas para elaborar un programa nacional de garantías de derechos de los indígenas afectados por el desplazamiento. Adicionalmente, se inició la concertación de planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas encaminados a consolidar su protección frente a la violencia y el desplazamiento.
Se adoptó, igualmente, una Directriz para el Enfoque Diferencial de Género, como parte de la política de atención a la población desplazada, formulada por la Consejería para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de ACNUR.
En agosto pasado, se presentó el informe anual de rendición de cuentas de la Agencia Presidencial para la Acción Social, que coordina la política de atención integral a los desplazados. Desde el año 2006, el Estado ha invertido en esta política un presupuesto anual de 500 millones de dólares. Para el 2010 está garantizada una cifra similar.
Gracias al fortalecimiento de las distintas acciones en esta área, se han generado incrementos decisivos en la cobertura de servicios de salud y educación. El aseguramiento en salud en el régimen subsidiado por el Estado cubría al 30% de los desplazados en 2002 y llegó al 83% en 2009. En educación, la cobertura llega al 77,8%. La capacidad de asistencia humanitaria de emergencia también se fortaleció, gracias a un incremento del presupuesto en este rubro, que pasó de USD23 millones de dólares en 2007 a USD80 millones en 2008.
La construcción de soluciones duraderas es una de las prioridades y retos de nuestra política. En el retorno, o en los casos de reasentamiento, resultan fundamentales las acciones para empoderar a las comunidades afectadas y permitirles su estabilización social y económica. En este campo, la Agencia Presidencial ha acompañado a 75 mil nuevas familias con programas de generación de ingresos y se espera llegar a la meta de 100 mil al finalizar 2009. Además, 390 mil hogares desplazados se han incluido en el programa de transferencias en efectivo Familias en Acción, que garantiza subsidios condicionados a requisitos de educación y salud para los niños.
En materia de adquisición de vivienda, en este último año se gestionó con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la asignación de 23 mil nuevos subsidios destinados a la población en situación de desplazamiento. Para preservar la propiedad de las tierras de personas desplazadas, el Gobierno ha intervenido, con miras a brindar protección especial a más de 3,2 millones de hectáreas pertenecientes a 87.500 ciudadanos. Mi delegación quisiera asimismo resaltar la disminución observada en Colombia en el número de nuevos desplazamientos anuales. Ese número es inferior en un 33% frente al registrado en 2002. A ello ha contribuido la reducción de la violencia y la criminalidad, gracias a la Política de Seguridad Democrática y la desmovilización de más de 52 mil miembros de grupos armados ilegales.
Esta evolución en el fenómeno no puede ser apreciada en el informe del ACNUR, dado que la cifra allí presentada es un acumulado correspondiente a un período superior a 11 años. Los datos de ese informe tampoco reflejan los retornos que han sido posibles con el acompañamiento del Estado y otras entidades, ni las cifras de personas que gradualmente han podido estabilizar su situación.
Señor Presidente:
En Colombia la Oficina del ACNUR ha prestado una importante cooperación al Estado colombiano en la respuesta al desplazamiento interno. Su asistencia reciente se ha concentrado en áreas relacionadas con la consolidación del marco legal y de políticas, el apoyo para que las personas afectadas participen en la formulación de políticas y accedan a los servicios del Estado, y la promoción de mecanismos de seguimiento para identificar aspectos que deben ser mejorados en los programas estatales. Su contribución, en las áreas de prevención, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas, ha sido ampliamente reconocida.
Mi delegación quisiera, además, destacar la importancia de las alianzas y los esquemas de coordinación del ACNUR con los Gobiernos Nacionales, como una estrategia esencial para fortalecer las acciones de protección a refugiados, en línea con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados. Es, así mismo, una estrategia particularmente útil para apoyar las acciones nacionales orientadas a prevenir y responder ante los retos del desplazamiento interno, cuya atención corresponde de manera primordial a los Estados.
La construcción y fortalecimiento de las capacidades nacionales de prevención, respuesta y asistencia en relación con las poblaciones de interés para el ACNUR, resulta un requisito básico para la efectividad de las acciones emprendidas. Mi delegación continuará apoyando todas las decisiones de la Asamblea General en ese sentido, porque entendemos que de esa manera se fortalece la gestión de la oficina del ACNUR en el nivel global y en el terreno, conforme a sus mandatos fundamentales.
Muchas gracias.
