(Nueva York, 19 de agosto de 2013)

Intervención de S.E. Embajador Néstor Osorio, Representante Permanente de Colombia

 

 

Señora Presidenta,

Colombia considera muy oportuno que este Consejo continúe reflexionando sobre las experiencias y buenas prácticas para responder al compromiso que tienen los Estados de proteger a los civiles en conflictos armados.

Este es un asunto de especial relevancia para nuestro país, en la medida que ha debido enfrentarse por cerca de cinco décadas a grupos armados ilegales, que han cometido actos terroristas y ataques contra la población civil.

Colombia reafirma su compromiso con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, para la protección de civiles en conflicto armado.

Como muestra de su compromiso, Colombia está preparando una importante Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Asistencia a Víctimas el próximo año.

Esa conferencia tiene como objetivo establecer sinergias entre la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, la Convención sobre Municiones de Racimo, el Protocolo V sobre Restos Explosivos de Guerra y la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, para abordar el tema de asistencia a víctimas desde una perspectiva amplia.

Colombia considera importante subrayar que la asistencia internacional en este campo debe ceñirse a las condiciones y a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia consagrados en la resolución 46/182 de la Asamblea General.

El seguimiento de estos principios, al tiempo de encauzar de manera adecuada los esfuerzos colectivos en apoyo a las autoridades nacionales, adquiere un significado mucho mayor cuando la cooperación está dirigida a países que gozan de instituciones democráticas y de gobiernos legítimamente constituidos.

De igual forma, mi delegación quiere reiterar la importancia de que los organismos de las Naciones Unidas tengan clara información de la labor de los gobiernos nacionales en el campo de la protección de civiles, al establecer las prioridades de su trabajo y al comunicar a la Organización sobre las respectivas situaciones.

La información verificada, objetiva, equilibrada e imparcial, incluye la identificación de las insuficiencias y obstáculos, pero también el reconocimiento de los avances en cada país.

Por otra parte, si bien entendemos que el cumplimiento del derecho internacional humanitario por parte de los grupos armados ilegales es fundamental para la protección de la población civil, consideramos que el contacto de los órganos y agencias de Naciones Unidas con estos grupos no garantiza que su accionar se ajuste a la legislación existente sobre protección de civiles en conflictos armados.

Por ello, es necesario que la comunidad internacional ejerza la presión necesaria para que estos grupos adopten la decisión de abandonar la violencia y perseguir sus fines a través de los recursos y medios institucionales que un estado democrático les ofrece. Por lo anterior, Colombia insiste en que la pertinencia de este tipo de acercamientos debe ser analizada en cada caso particular, y en todo caso es una cuestión que debe ser decidida por los Estados concernidos de manera soberana, autónoma e independiente.

Señora Presidenta,

En consideración a la invitación que se hace en la nota conceptual preparada por la Presidencia, quisiera reiterar que Colombia entiende que las medidas de prevención, protección y garantía de no repetición para la protección de civiles en conflicto armado juegan un papel fundamental.

Así mismo, mi Gobierno considera que los derechos de las víctimas debe ser una garantía que se materialice en medidas de asistencia, atención y reparación.

Por ello, Colombia ha establecido la elaboración de un mapa de riesgo como una herramienta de identificación de organizaciones y comunidades en riesgo, incluidas las organizaciones de mujeres; la creación de la Red de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; la capacitación de funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública en temas relacionados con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, los derechos de las mujeres, la implementación del enfoque diferencial, violencia sexual, y la necesidad de articulación y difusión de los programas de protección a víctimas.

En este sentido, creemos que en materia de protección a civiles en conflicto armado es necesario diseñar e implementar medidas que, entre otros aspectos, busquen agilizar la administración de justicia, brinden coherencia a los esquemas de justicia transicional, garanticen la equidad y la integralidad de la reparación a las víctimas, y esclarezcan y atribuyan la respectiva responsabilidad penal.

Señora Presidenta,

Colombia ha iniciado un proceso de paz cuyo soporte jurídico es el Acto Legislativo 01 de 2012, el cual garantiza que a la terminación del conflicto armado se establezcan las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad y se protejan los derechos de las víctimas.

Por todo lo expuesto, y agradeciendo el oportuno debate del día de hoy quisiera concluir reiterando que Colombia cree que ejercicios como el establecido en nuestro país, responde a un profundo convencimiento para encontrar respuestas y soluciones que permitan proteger a la población civil, y lograr la reconciliación nacional y la paz en beneficio de todos.

Muchas gracias.