Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el informe de la Misión de Verificación en Colombia

26/12/2019
Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el informe de la Misión de Verificación en Colombia

Nueva York, 19 de julio de 2019

Señor Presidente, Miembros del Consejo de Seguridad:

Agradezco al Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Señor Carlos Ruiz Massieu, por la presentación del Informe correspondiente al período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio.

Quiero agradecer también a los miembros del Consejo de Seguridad por su fructífera visita a Colombia, efectuada la semana pasada.  Para Colombia, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas juega un papel importante en el proceso de implementación del Acuerdo Final y, por lo tanto, en la tarea de lograr la estabilización y la consolidación, para ofrecer a todos los colombianos paz con legalidad y legalidad con seguridad, que viene realizando el Gobierno del Presidente Iván Duque.  Por esa razón, el Presidente solicitó al Consejo de Seguridad y al Secretario General la prórroga del mandato de la Misión por un año más.

Señor Presidente:

Saludamos que el Secretario General en su Informe reconozca el compromiso del Gobierno Nacional con la implementación del Acuerdo Final, a través de acciones y la adopción de medidas concretas, algunas de las cuales van más allá de sus obligaciones iniciales en sentido estricto.  Ello nos ha permitido lograr los avances significativos de los cuales da cuenta el Informe, en todos los ámbitos del mandato de la Misión.

Igualmente, valoramos el reconocimiento de que estos esfuerzos van más allá de la implementación del Acuerdo Final y hoy hacen parte de una agenda de gobierno más amplia, orientada a la transformación positiva de los territorios y de las condiciones y oportunidades de vida de sus habitantes, tal como lo recoge el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”.

Señor Presidente:

La legalidad, el fortalecimiento de las instituciones y la plena vigencia del Estado de Derecho en Colombia son uno de los pilares sobre los cuales se ha formulado este Plan Nacional de Desarrollo. Estos mismos principios orientan la posición del Gobierno sobre las instituciones creadas en el Acuerdo Final, incluyendo por supuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya importancia hemos reiterado en todo momento.

Las objeciones que, movido por una legítima preocupación compartida por buena parte de la ciudadanía, formuló el Presidente de la República al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, fueron tramitadas a través del procedimiento previsto en la Constitución y con la intervención del Congreso de la República y de la Corte Constitucional, en pleno ejercicio de sus competencias.  Surtido ese trámite, esa ley fue sancionada el pasado 6 de junio y ya se encuentra en vigor.

Seguiremos apoyando al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a efectos del cumplimiento de los elevados fines para los cuales fue establecido y para que atienda las expectativas de todos los colombianos, especialmente de las víctimas.  Igualmente, seguiremos impulsando, por idénticos motivos, y a través de los canales institucionales, las modificaciones que consideramos pertinentes para asegurar una paz sin impunidad.

A ello se orientan iniciativas como la que establece que en el futuro los delitos sexuales contra niños y niñas serán juzgados por la justicia ordinaria.  Y en ese sentido debe entenderse la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 02 de 2019, adoptada por amplia mayoría en el Congreso de la República, y promulgada el pasado 15 de julio, en virtud de la cual ni el secuestro ni el narcotráfico podrán ser considerados como delitos políticos o conexos, y por lo tanto, no podrán ser amnistiados ni indultados.

Señor Presidente, Miembros del Consejo:

Permítanme ahora referirme a un aspecto central en el mandato de la Misión: la reincorporación de los miembros de las FARC.

Como bien lo señala el Informe del Secretario General, el Gobierno de mi país ha cumplido y seguirá cumpliendo, con total determinación, con sus compromisos para asegurar la reincorporación exitosa de los más de 10.500 excombatientes que siguen participando en este proceso y que se mantienen genuinamente en el camino de la legalidad. Vemos con satisfacción que, al igual que el Gobierno, la inmensa mayoría de excombatientes está cumpliendo con lo acordado y continúa optimista sobre su futuro en la vida civil.

Sin embargo, no puedo dejar de referirme a un desarrollo posterior a la publicación del Informe que hoy nos ocupa y que genera enorme preocupación en el Gobierno y en amplios sectores de la sociedad colombiana:  la decisión de uno de los líderes de las FARC, Seuxis Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, de abandonar su esquema de protección el pasado 30 de junio cuando se encontraba en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación cercano a la frontera con Venezuela.

La intención de esta acción no es otra que evadir la justicia, ya que el pasado 9 de julio debía rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, por su presunta implicación en delitos de narcotráfico después de la firma del Acuerdo Final.  Ello por no hablar del incumplimiento de sus obligaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Deploramos que una persona que ejerce una posición de liderazgo dentro de su organización —a tal punto que el pasado 11 de junio se posesionó como Congresista, como lo señala el Informe— evada la justicia, eluda sus obligaciones con las víctimas, y se aproveche de la buena fe de todos los colombianos.

Saludamos que el partido político FARC haya rechazado esta conducta y haya tomado distancia de declaraciones y actuaciones que implican un incumplimiento de las responsabilidades derivadas del Acuerdo Final.  La conducta del señor Hernández Solarte, y de otros compañeros suyos como Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”), Hernán Velásquez Saldarriaga (“El Paisa”) y Henry Castellanos Garzón (“Romaña”) merece el repudio de toda la sociedad, pero en particular, de ese partido político, en señal de su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que el Acuerdo Final impone a cada una de las partes.

Una de esas obligaciones, en cuyo cumplimiento el Gobierno sigue avanzando, es la de reforzar las condiciones de seguridad de los candidatos del partido político FARC a las elecciones regionales y locales del mes de octubre, como un paso más hacia la reincorporación política de los excombatientes.

El pasado 8 de julio el Presidente Iván Duque presentó el Plan de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales.  Este plan contempla medidas específicas para el partido político FARC en materia de acompañamiento institucional, seguridad y protección, adicionales a las medidas generales adoptadas para todos los candidatos en el Plan Nacional de Garantías Electorales.

Así mismo, se ha avanzado en la reincorporación socioeconómica de los excombatientes.  El Informe da cuenta de 24 proyectos productivos colectivos aprobados.  Otros 5 están en proceso de evaluación.  Y hay 216 proyectos productivos individuales igualmente aprobados.  En total, son 2.181 excombatientes directamente beneficiados a través de proyectos que tienen también un impacto positivo para sus familias y sus entornos.

En este ámbito también se está trabajando en la reglamentación del acceso a tierras con fines de reincorporación, y se ha avanzado en la vinculación laboral de los excombatientes, tanto en el sector público como en el privado, logrando empleos formales en diferentes sectores de la economía para 1.380 excombatientes.

Señor Presidente:

El compromiso del Gobierno Nacional con la reincorporación socioeconómica de los excombatientes se viene traduciendo en acciones concretas, en procura no sólo de la eficacia del proceso sino de su sosteniblidad.  La oferta institucional para garantizar la atención en este ámbito se ha mantenido y fortalecido, tanto para los más de 3 mil excombatientes que se encuentran en los ETCR como para los más de 8 mil que están fuera de ellos, al haber preferido adelantar su proceso de reincorporación a la vida civil fuera de estos Espacios.

Quiero reiterar que, aunque el periodo de vigencia de los ETCR expire en agosto, el Gobierno Nacional no abandonará a su suerte a quienes se encuentran en ellos.  Como lo reconoce el Informe, el Gobierno está comprometido con la gestión ordenada de la transición de estos Espacios, que desde el inicio tuvieron un carácter transitorio.

Quisiera referirme ahora, Señor Presidente y Miembros del Consejo, al segundo componente central del mandato de la Misión: las garantías de seguridad.

En su Informe, el Secretario General expresa su preocupación por los asesinatos de exintegrantes de las FARC ocurridos desde la firma del Acuerdo Final, una preocupación que el Gobierno Nacional comparte.

El Estado y la sociedad colombiana han expresado enfáticamente su rechazo a estos hechos y el propio Presidente de la República ha ordenado la adopción de medidas para reforzar la seguridad de los excombatientes, que apuntan a garantizar de manera integral su protección.   Igualmente, las autoridades competentes trabajan con la mayor diligencia en la investigación y judicialización de los responsables de estos crímenes, focalizando los esfuerzos en las regiones con mayor incidencia de afectaciones a excombatientes, para asegurar que no queden en la impunidad.

Como resultado de todas estas acciones, se ha logrado que, según los reportes del Cuerpo Élite de la Policía, el número de homicidios de excombatientes disminuyera de 32 en el primer semestre de 2018 a 17 en el mismo período de 2019.

Adicionalmente, la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado se ve reflejada en que no se ha registrado ningún asesinato de los excombatientes que están en proceso de reincorporación en los ETCR, ni tampoco de aquellos quienes han solicitado medidas de protección por parte del Estado.

El mayor desafío en este ámbito lo constituye la situación de seguridad de los excombatientes que continúan con su proceso de reincorporación fuera de los ETCR, quienes están dispersos por el territorio nacional, muchos de ellos en zonas en las que la presencia de distintas economías criminales estimula la actividad de grupos armados organizados ilegales.

Por esta razón, además de las medidas específicas adoptadas para proteger a los excombatientes, se están desplegando operaciones militares y policiales para contener las amenazas que plantean los grupos armados organizados ilegales, y se redoblan los esfuerzos para afectar las economías criminales. Estos dos elementos son hoy, en su conjunto, el principal y más grande desafío para la implementación del Acuerdo Final y los esfuerzos de estabilización y consolidación de la convivencia pacífica en Colombia —como lo señala expresamente el Informe de la Misión de Verificación.  Y son, por igual, la principal fuente de amenazas a la seguridad de los excombatientes y de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales.

Las medidas que se han adoptado para la protección de estos últimos han permitido reducir el número de asesinatos a mayo de 2019. Esos resultados, aunque positivos, están lejos de ser alentadores.  El Gobierno Nacional no se dará por satisfecho hasta no lograr el establecimiento de mejores condiciones de seguridad para que los líderes sociales, comunicadores y defensores de derechos humanos, ejerzan su labor y sigan contribuyendo positivamente a la vida institucional, económica y social de sus comunidades.

Señor Presidente:

Quiero agradecer a la Misión de Verificación por su apoyo y acompañamiento a los esfuerzos del Gobierno en la implementación del Acuerdo Final.  Su labor es también esencial para impulsar y corroborar el cumplimiento de las obligaciones de las FARC en virtud del Acuerdo, en aspectos en los cuales su contribución es imprescindible para lograr avances tangibles, como el desminado, la entrega de bienes para la reparación de las víctimas, y la efectiva reincorporación de niños y adolescentes antaño reclutados.

Permítame terminar reiterando el agradecimiento de mi Gobierno y de mis compatriotas a todos los miembros del Consejo por su reciente visita a Colombia, en desarrollo de la cual pudieron conocer de primera mano los resultados del compromiso del Gobierno del Presidente Iván Duque con este proceso, así como la magnitud de los desafíos que enfrentamos.

En lugar de evadir esos desafíos, estamos asumiéndolos de manera comprometida y responsable. Nos anima nuestra convicción de que una paz con legalidad no sólo es deseable, sino posible y necesaria.  Hacemos nuestras las preocupaciones de todos los colombianos:  las de los excombatientes que apuestan por la legalidad, las de las víctimas preocupadas por la verdad y la justa reparación, las de la sociedad que clama por la no repetición, las de quienes tienen legítimas expectativas frente al proceso de implementación, las de quienes reclaman un mayor consenso para que el proceso cuente con más legitimidad, y sirva mejor al propósito que lo inspira.

Muchas gracias.

 

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