Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Informe de la Misión de Verificación en Colombia

26/12/2019
Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Informe de la Misión de Verificación en Colombia

Nueva York, 23 de enero de 2019

No puedo menos que iniciar esta intervención agradeciéndoles a todos las condolencias, la solidaridad y la condena unánime al atroz atentado terrorista que se perpetró recientemente en Bogotá, el cual produjo más de 20 muertos y cerca de 70 heridos.

Agradezco al Canciller Miguel Vargas Maldonado por presidir esta sesión informativa, y felicito a la República Dominicana, así como a Bélgica, Alemania, Indonesia y Suráfrica, por su elección como miembros no permanentes del Consejo.

Igualmente, expreso la gratitud de mi Gobierno al Sr. Jean Arnault por su trabajo al frente de la Misión de Verificación en Colombia, y reitero mi saludo de bien¬venida al nuevo Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión, Sr. Carlos Ruiz Massieu, con quien hemos tenido la oportunidad de reunirnos en Bogotá, junto con el Presidente Iván Duque y el Con¬sejero para el Postconflicto que hoy me acompaña, Sr. Emilio Archila-Peñalosa.

Agradecemos que en el informe (S/2018/1159) se re¬conozca que durante los primeros 100 días de Gobierno del Presidente Duque se haya hecho explícito su compromiso frente a la implementación del Acuerdo Final para la Ter¬minación del Conflicto y la Construcción de una Paz Esta¬ble y Duradera en el marco de su programa de Gobierno.

En cuanto a las iniciativas que se han puesto a con¬sideración del Congreso de la República, debemos pre¬cisar que, como señala la política “Paz con Legalidad”, presentada al país el pasado mes de diciembre, cual¬quier ajuste a la normatividad adoptada en virtud del acuerdo —a saber, que en lo sucesivo ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al delito político y que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad— se han pro¬puesto abiertamente en la forma de acto legislativo para que tengan efectos hacia el futuro.

En el camino de la implementación, el Gobierno del Presidente Duque ha reiterado su compromiso con la superación de los obstáculos y con la corrección de los problemas que hemos encontrado. Lo estamos haciendo con una visión de largo plazo, para que desaparezcan las condiciones que han albergado múltiples formas de violencia a lo largo de nuestra historia, basándonos en la articulación de las distintas agencias del Estado y teniendo en el centro de nuestras preocupaciones los derechos de las víctimas y las legítimas expectativas de quienes, honrando de buena fe los compromisos ad-quiridos, permanezcan en la legalidad. Permítaseme su¬brayar algunos ejemplos concretos de este compromiso.

En el Congreso de la República, con la participación activa de senadores y representantes pertenecientes al partido político surgido tras el desarme, desmovilización y reintegración de ese antiguo grupo armado ilegal, avanza la discusión de distintas iniciativas relacionadas con la agenda del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Dura¬dera, así como de las reformas que ya mencioné. Hemos propuesto esas iniciativas para que tengan vigencia hacia el futuro con el fin de ampliar el consenso nacional ne-cesario para dar sostenibilidad política y social a la im¬plementación del Acuerdo. En paralelo, el Gobierno ha obtenido un crédito para financiar la primera etapa del Catastro Multipropósito. Esta primera fase estará enfo¬cada en cerca de 70 municipios del país, de los cuales el 50% pertenece a los priorizados dentro de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. En el marco de la política “Paz con Legalidad”, aprovecharemos todo el potencial de herramientas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, cuya ejecución en 11.000 vere¬das de 170 municipios beneficiará a cerca de 7 millones de personas. A ello también apuntan nuestros avances tangibles en materia de reincorporación social y econó¬mica de los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revo¬lucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

A partir de septiembre de 2018, el Gobierno del Presidente Duque Márquez ha venido trabajando de cerca con los representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) para focalizar los esfuerzos de la instancia de seguimiento al proceso de reincorporación, en su rol como cuerpo ejecutivo y es¬tratégico de alto nivel, con el objetivo de adoptar una hoja de ruta alineada con las responsabilidades que le corresponden. Tal como se registra en el informe del Secretario General, ya ascienden a 20 los proyectos co¬lectivos y a 29 los proyectos individuales de generación de ingresos aprobados, valorados en $3,7 millones de dólares, que beneficiarán a 1.340 exintegrantes de las FARC, incluidas 366 mujeres.

En línea con ese nuevo impulso, los departamentos han establecido comités regionales de reincorporación, con un efecto muy positivo. El Gobierno considera que una de sus funciones es crear las condiciones apropia¬das y ejercer el liderazgo para que la comunidad inter¬nacional y el sector privado se involucren activamente en la reincorporación. Cuando ello se logra, no puede obviamente creerse que los proyectos desarrollados con esos apoyos sean un incumplimiento de parte del Es¬tado, sino un logro del Gobierno. Si bien concordamos en que la entrega de tierras puede no haber sido en la pasada administración tan rápida como se hubiera es¬perado, vale la pena mencionar como relevante el hecho de que ahora un número plural de proyectos productivos se han podido llevar a un punto de equilibrio con acceso a tierras en la forma de arriendo, gracias al soporte téc¬nico, comercial y financiero de muchas entidades a las que hemos invitado a fortalecer la formulación de los proyectos, como iNNpulsa, la entidad gubernamental experta en proyectos económicos, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En esta misma área de interés —pues seguramente por las fechas en que se recogió la información no se al¬canzó a registrar esto en el informe— con gran esfuerzo por parte del Gobierno, en cabeza del Ministerio de Sa¬lud y Protección Social, se adelantó un estudio juicioso de necesidades y se aseguró la cobertura de salud en los espacios transitorios de capacitación y reincorporación en condiciones mejores de las que se traían hasta agosto de 2018. Adicionalmente, y en desarrollo de un trabajo que se venía realizando desde hace tiempo y que la Mi¬sión de Verificación conocía, el Gobierno logró exten¬der la distribución de alimentos hasta agosto de 2019.

Finalmente, resulta de suma relevancia la plena ac¬tivación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Repara¬ción y No Repetición, con el inicio de las labores de la Comisión de la Verdad el pasado mes de noviembre. El 16 de enero, en la conmemoración de su primer año de fun¬cionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz presentó un balance que registramos positivamente: 11.675 perso¬nas han suscrito acta de sometimiento ante esa jurisdic¬ción, de las cuales 9.687 son exintegrantes de las FARC y 1.938 eran miembros de la fuerza pública. El Gobierno comparte las expectativas de todos los colombianos fren¬te a la justicia transicional —espera que se consolide su credibilidad y, en tal virtud, facilitará su funcionamiento, todo ello según el mandato de cada uno de sus componen¬tes y de conformidad con los compromisos de Colombia de conformidad con el derecho internacional.

El Gobierno del Presidente Duque Márquez asigna la mayor importancia a las garantías de seguridad de los exintegrantes de las FARC, sus líderes y los líderes de los programas de sustitución voluntaria de cultivos. En este sentido, nos unimos al valor que en el informe se recono¬ce al esfuerzo que el Gobierno ha realizado, a lo plausible de sus resultados y a la previsión de estar ya trabajando en un plan de protección para las elecciones locales, que se llevarán a cabo en octubre de este año.

El Gobierno de Colombia condena sin vacilaciones hechos inadmisibles que afectan a los líderes sociales y defensores, que están vinculados a factores como la in¬tensificación de la competencia por el dominio y control  de distintas economías criminales, la estabilización de los espacios en los que ejercían su influencia las FARC-EP, la expansión sin precedentes de los cultivos ilícitos y la persistente actividad de grupos armados ilegales de distinta naturaleza. La Fiscalía General de la Nación ha venido trabajando en el fortalecimiento de los procesos investigativos, alcanzando hasta la fecha un avance del 53.36% en el esclarecimiento de los casos. Al adoptar, en noviembre de 2018, el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas, es¬tamos reforzando aún más la capacidad del Estado para implementar medidas eficaces de prevención, protección y sanción de estos crímenes.

Sobre las garantías jurídicas a los exintegrantes de las FARC-EP, agregamos que en este período la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha venido solucionando los incidentes relativos al tránsito a la legalidad.

En el informe también se pone de relieve la muy difícil situación que heredamos con relación al creci¬miento de los cultivos ilícitos en Colombia. En este con¬texto, compartimos la valoración hecha en el informe en el sentido de que la relación entre la reducción de la violencia y la inseguridad está necesariamente asocia¬da a vencer en la lucha contra las economías ilegales, especialmente la del narcotráfico, lo cual adquiere una especial relevancia.

No ahorraremos esfuerzos para seguir enfrentando con firmeza el problema mundial de las drogas, de ma¬nera integral y equilibrada, en todas sus dimensiones y en todos los eslabones de la cadena. Por lo anterior, estamos intensificando nuestros esfuerzos en ese sen¬tido, y adoptamos una nueva política para abordar efi¬cazmente el problema mundial de las drogas, de manera integral, en todas sus dimensiones y en todos los esla¬bones de la cadena, como acabo de señalar. Más allá, reivindicamos la importancia del principio de responsa¬bilidad compartida como base de la acción colectiva in¬ternacional necesaria para enfrentarlo. Así lo demuestra la erradicación de 30.262 hectáreas de cultivos ilícitos entre el 7 de agosto y el 26 de diciembre de 2018. En ese contexto, esperamos que, con los ajustes introducidos en la política de estabilización “Paz con Legalidad”, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con las varias líneas que se implementarán, ten¬ga un efecto sostenible en el tiempo.

Coincidimos con el Secretario General en que el principal reto hoy es lograr la efectiva implementación de los planes y programas diseñados para brindar a las comunidades más vulnerables, a las víctimas y a los exintegrantes de las FARC-EP más seguridad, mejor ac-ceso a bienes y servicios públicos y alternativas viables a las economías criminales. Acorde con la relevancia que el Gobierno le da al tema, la Vicepresidenta de la República y el Alto Consejero para el Posconflicto re¬cibieron por parte del componente internacional de ve-rificación del enfoque de género un primer reporte en noviembre, y para la fecha del reporte ya se había citado a la instancia gubernamental de alto nivel. La sesión se llevó a cabo el 16 de enero de 2019 y durante ella se aprobaron los lineamientos que el Presidente de la ins¬tancia, el Alto Consejero para el Posconflicto, presentó, con la determinante participación de la Consejera Pre¬sidencial para la Equidad de la Mujer. Al paso, el grupo técnico de género del Consejo Nacional de Reincorpo-ración ha continuado siendo relevante en promover la reintegración comprensiva.

El papel de seguimiento, soporte y facilitación de las Naciones Unidas es de gran importancia para verificar la implementación efectiva del Acuerdo Final y el cum¬plimiento de los compromisos adquiridos. Creemos que esas actividades deben darse dentro del mandato recibido y en el entendimiento de que es el Gobierno Nacional de Colombia el que debe liderar todos los frentes de la im¬plementación y que la manera más valiosa de aportar es articulando los trabajos con la política de “Paz con Legali¬dad” y los desarrollos que de esta vendrán, muchos de los cuales deberán comprometer los niveles locales.

Valoramos mucho la contribución de la Misión de Verificación a la realización de este propósito común y esperamos mantener con ella una relación constructiva y de confianza, dentro de los términos de su mandato y de nuestra Constitución y nuestras leyes.

 

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