(Nueva York, 7 de mayo de 2015)
Excelentísimo Sam Kutesa, Presidente de la Asamblea General,
Sus Excelencias las señoras y señores Ministras, Ministros, Embajadores y Jefes de Delegación,
Honorables Miembros de la Mesa,
Señoras y Señores Delegados
Tras más de 50 años de la existencia del régimen de fiscalización internacional de drogas, enfrentamos importantes retos que debemos resolver para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado: preservar la salud y el bienestar de la humanidad.
Con ese propósito, en 2012, los presidentes de Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado a evaluar los alcances y limitaciones de la política de lucha contra las drogas. Los mandatarios instaron a la revisión rigurosa y responsable del enfoque mantenido hasta ahora, invitando a una "profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles… a fin de establecer un nuevo paradigma". Así, la Asamblea General acordó realizar una Sesión Especial en 2016 para abordar todas las dimensiones del problem mundial de las drogas, con el fin de identificar los logros y desafíos por resolver.
Señor Presidente: Nuestro propósito no es desconocer las Convenciones que rigen la lucha contra las drogas, ni forzar su modificación. Lo que pretendemos es hacer un balance sincero de su funcionamiento, que nos permita destacar no solo los avances conseguidos, sino también identificar las metas no cumplidas, los problemas que existen para alcanzarlas y los nuevos desafíos que debemos enfrentar. Es indudable que hemos trabajado mucho en procura de reducir significativamente la oferta y la demanda de drogas y que hemos conseguido importantes avances; pero también lo es que aún distamos mucho de alcanzar ese utópico objetivo de un mundo libre del flagelo de las drogas.
Pese a los grandes esfuerzos que se hacen para acabar con los cultivos ilícitos, no solo estamos lejos de conseguir su eliminación, sino que comienza a percibirse un aumento de los mismos. Esto demuestra que las organizaciones criminales que controlan ese mercado tienen una enorme capacidad de adaptación y que continuamente modifican su estructura y funcionamiento para evadir la acción de las autoridades. Esta, junto a otras evidencias pone de presente que la actual política de drogas no ha dado los resultados esperados y por consiguiente, no puede continuar sin modificaciones. Declaramos una guerra que no se ha ganado; por eso resulta imperativo idear y acordar a nivel global políticas e intervenciones que nos permitan responder de manera más humana, inteligente y efectiva a este enorme desafío.
En todos estos años de lucha contra las drogas, Colombia ha logrado golpear de manera significativa sus estructuras de producción y tráfico; ha conseguido la desarticulación de poderosos carteles de la droga gracias al permanente esfuerzo del Estado para evitar que la cocaína y otras sustancias lleguen a los mercados de destino. Esos resultados dan fe del compromiso de nuestro país en esta cruzada contra las drogas ilícitas, que no solo nos ha costado enormes sacrificios económicos sino, sobre todo, humanos; un gran número de policías, soldados, periodistas y jueces ha ofrendado sus vidas para conseguir los logros que hasta ahora hemos alcanzado; dos de mis antecesores en el cargo de ministro de justicia fueron asesinados por las mafias del narcotráfico y uno más sobrevivió a un grave atentado contra su vida.
Pero si no somos conscientes de que el mercado ilícito de los drogas muta continuamente para evadir la acción de las autoridades, las nuevas realidades terminarán por opacar los importantes avances que se han conseguido. Los retos han cambiado y las políticas y herramientas de las que disponemos para enfrentar el problema de las drogas hoy resultan inadecuadas e insuficientes. Mientras Colombia avanzó de manera notable en detener el flujo de drogas más allá de sus fronteras, la oferta y el consumo interno crecieron, generando un problema adicional que hoy adquiere gran relevancia desde el punto de vista de la salud pública y la seguridad de nuestros habitantes. La antigua distinción entre países productores y consumidores, que durante años guió la política de lucha contra las drogas, resulta hoy tan artificiosa como insuficiente.
La capacidad de adaptación del mercado de las drogas a las respuestas estatales, ha demostrado ser más ágil y flexible que nuestras respuestas institucionales para enfrentarlo. Por eso el gobierno de Colombia está convencido de la necesidad de impulsar un debate franco, transparente y basado en la evidencia, sobre lo que hemos hecho y especialmente, sobre lo que debemos hacer en adelante.
Un análisis objetivo de la política de drogas que se ha venido poniendo en práctica nos deja varias enseñanzas:
La primera, que la represión de la economía ilegal de las drogas es una herramienta insuficiente y limitada. El derecho penal debe ser el último recurso para enfrentar la problemática de las drogas frente a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y debe estar reservado para las conductas que causan más perjuicio a la sociedad.
La política de drogas debe dirigir su atención a desvertebrar las redes criminales, lo cual no se logrará encarcelando a los eslabones más débiles y fácilmente reemplazables de la cadena del narcotráfico.
La segunda, es que el consumo de drogas debe ser abordado desde una perspectiva de salud pública; esto implica poner énfasis en la prevención, no estigmatizar a los usuarios, reconocerles sus derechos y adoptar medidas que reduzcan el daño asociado a los usos problemáticos. En el ámbito del consumo se requiere de respuestas diferenciadas frente a las diversas sustancias y a las distintas poblaciones.
La tercera, es que las limitaciones de acceso y goce de los derechos económicos y sociales deben ser tenidas en cuenta. Como consecuencia del narcotráfico, se han producido serias afectaciones que se manifiestan en deterioro del tejido social y de la convivencia pacífica, afectando la relación entre instituciones y ciudadanos.
La cuarta es que las políticas de drogas deben tener un enfoque territorial. El sistema internacional no puede seguir basándose en lineamientos idénticos para enfrentar distintos problemas. Los países deben contar con suficiente margen de autonomía para diseñar y poner en práctica respuestas acordes con sus realidades, capacidades y desafíos, siempre garantizando que sus decisiones no afecten a otros.
La quinta, es que las políticas de drogas no deben ser evaluadas solamente a la luz de la finalidad que ellas persiguen, sino también por sus consecuencias imprevistas y por sus eventuales resultados adversos. Debemos ser conscientes de que las intervenciones estatales son susceptibles de generar resultados negativos que pueden llegar a traspasar las fronteras.
Frente a esta realidad, tenemos la responsabilidad de idear un conjunto de nuevas medidas que nos permitan tener mejores resultados que los hasta ahora alcanzados. Se necesitan nuevas medidas para nuevas realidades; pero ello sólo es posible a través de un amplio proceso de deliberación que permita fijar de manera consensuada cuáles son los ajustes que debemos introducir.
Por eso quisiera, señor presidente, aprovechar esta oportunidad para señalar doce puntos que deberían hacer parte de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas:
- Recuperar el fin último de las Convenciones de Drogas que consiste en preservar la Salud y el Bienestar de la humanidad. Para ello, es preciso situar a los seres humanos, sus derechos y su seguridad, en el centro de las políticas de drogas.
- Armonizar las políticas con todos los compromisos de derechos humanos. Colombia aguarda con mucho interés los insumos que en estas materias proveerá el Consejo de Derechos Humanos. En todo caso, abogamos por la eliminación de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.
- Garantizar el derecho a la salud con medidas como: a. Abordar el consumo desde una perspectiva de salud pública; b. desarrollar políticas orientadas a reducir o eliminar los daños asociados al consumo; c. Garantizar el acceso equitativo a sustancias controladas, para fines médicos y científicos.
- Analizar a profundidad, con un equipo multidisciplinario y la participación de la OMS, el fenómeno de las nuevas drogas de síntesis y definir medidas para afrontarlo en el menor tiempo posible.
- Revisar los sistemas de clasificación y reclasificación de sustancias, a fin de identificar mecanismos que garanticen agilidad y efectividad.
- Reconocer márgenes amplios de autonomía a los Estados para la formulación y aplicación de políticas de acuerdo con sus propias realidades, nacionales y locales.
- Promover la participación activa de todo el sistema de las Naciones Unidas como la OMS, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, UNICEF y el PNUD, así como organizaciones de la sociedad civil, en la definición y aplicación de las políticas de drogas.
- Perseguir de manera más efectiva la delincuencia organizada trasnacional, adoptando medidas para concentrar en este propósito las fuerzas policiales, de investigación y de juzgamiento.
- Descriminalización del consumo.
- Medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas.
- Preservar el medio ambiente sano.
- Revalorar el desarrollo alternativo, asumiendo una perspectiva integral orientada a mejorar las oportunidades, la calidad de vida y las condiciones territoriales de poblaciones expuestas a la economía ilegal de las drogas.
Señoras y señores, que UNGASS 2016 sea el escenario para reconocer no solo los aciertos sino también las falencias de la actual política de drogas, y para trazar nuevas metas y herramientas que nos permitan abordar de manera más eficiente el tratamiento de este complejo problema.
Muchas gracias.
