Canciller Claudia Blum reitera ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la implementación del Acuerdo de 2016 es una realidad y no se interrumpe

14/07/2020

 

La Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, intervino en la mañana de hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sesión de presentación de informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

En su intervención la Canciller Claudia Blum enfatizó que aún en el contexto de la pandemia del Covid-19, el Gobierno de Colombia sigue avanzando sin descanso, y con el firme compromiso de cumplir los términos del Acuerdo de 2016.

Destacó que: “no hemos retrasado ninguna de las áreas de trabajo que comprende la política de Paz con Legalidad. Su implementación es una prioridad del Gobierno del Presidente Iván Duque”. 

En su participación, la Canciller Blum señaló también que “todas las entidades encargadas de aplicar la política de Paz con Legalidad han adoptado medidas para la prevención, atención y mitigación de riesgos de COVID-19. Los beneficiarios de esas medidas incluyen a los excombatientes, las víctimas y los agricultores comprometidos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.”

También mencionó que en las regiones en las que se están ejecutando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se han financiado con regalías de la explotación petrolera y minera 186 proyectos por 423 millones de dólares, desde el inicio del Gobierno. Las agencias gubernamentales también continúan comprometidas con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y transitar hacia la legalidad.

En línea con lo anterior, la Canciller reafirmó que “El éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes, son decisivos para evitar nuevos ciclos de violencia. Seguimos trabajando con determinación para apoyar sus proyectos productivos. El número de beneficiarios de los proyectos puestos en marcha en el primer semestre de este año se incrementó en un 71% en comparación con el mismo período de 2019”.

La Canciller mostró con resultados que, desde su toma de posesión, el Presidente Duque ha dado prioridad al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de 2016, en línea con el ordenamiento constitucional y las normas vigentes y en ese propósito no ha ahorrado ningún esfuerzo. La Política Paz con Legalidad, que constituye el marco desde el que se ejecutan los presupuestos, acciones y estrategias que desarrollan el Acuerdo, fue la primera en ser adoptada por el Gobierno Nacional, a escasos cien días después de haber asumido la administración.

Los datos y los hechos presentados hoy en la ONU son respuesta sólida frente a la campaña de desinformación y tergiversación de quienes afirman que el Gobierno mantiene un doble discurso frente a la implementación del Acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC.

Frente a inquietudes expresadas por miembros del Consejo en relación con la seguridad de excombatientes y comunidades, así como por el Jefe de la Misión de Verificación y la lideresa caucana Clemencia Carabalí, la Canciller dijo que “El gobierno ha articulado acciones de 15 organismos diferentes para fortalecer la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento. Todo ello, con una concepción integral de la seguridad en el marco del proceso de reincorporación y una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta irregular de los agentes del Estado”.

La Canciller resaltó que “el ambiente complejo y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal” es el factor generador de la violencia que se concentra en determinadas regiones del territorio. Recordó que el aumento exponencial en los cultivos ilícitos se observó entre 2013 y 2017 y lamentó ante el Consejo de Seguridad el silencio que existió durante todo ese período frente a ese aumento de cultivos ilícitos que creó previsibles “nuevas amenazas para las comunidades más vulnerables, líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

En su intervención, reafirmó el compromiso del Gobierno del Presidente Duque con la reducción de cultivos ilícitos, y presentó ante el Consejo la reducción en 2019 del área sembrada de coca por segundo año consecutivo, según el informe del sistema de monitoreo que acompaña la ONU en Colombia. Así mismo, mencionó la urgencia de enfrentar a las economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal para lograr la paz y la seguridad en Colombia, en un marco de cooperación y corresponsabilidad internacional.

La Canciller presentó los avances en prevención y protección y en las investigaciones y acciones judiciales frente a los ataques contra los excombatientes y sus familias. La Fiscalía ha logrado avances “en el 49,7% de este tipo de casos”, afirmó. El Gobierno Nacional ha desplegado y seguirá desplegando todas las herramientas a su disposición para garantizar la integridad de los líderes, defensores y excombatientes, así como a sus comunidades.

Algunos países se refirieron a los ataques contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales. La Cancillería resalta que entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2020 y el mismo periodo de 2019 se observa una reducción del 30% en el número de homicidios. Si se comparan estos mismos periodos del año 2018 y del año 2020 se confirma la tendencia de reducción. La Fiscalía ha logrado el esclarecimiento en el 54,3% de las investigaciones. El Gobierno de Colombia ha condenado enérgicamente los asesinatos y agresiones cometidos en contra de los defensores de derechos humanos, quienes constituyen un pilar fundamental de nuestra Democracia y no descansará hasta que cesen esos ataques.
En la intervención ante el Consejo, la Canciller también informó el apoyo del Gobierno al sistema de justicia transicional y dijo que “no ha existido ni habrá ninguna reducción de su presupuesto”.

La Canciller concluyó diciendo que “El Gobierno del Presidente Iván Duque está firmemente comprometido con la construcción de la Paz con Legalidad. El apoyo de las Naciones Unidas es fundamental para seguir avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En medio de la actual crisis mundial, no disminuiremos nuestros esfuerzos y seguiremos dedicando todos los recursos posibles para lograr los resultados que nuestros ciudadanos merecen.”
El Gobierno Nacional reafirma su política de transparencia y apertura frente a la veeduría internacional, y la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional en la política pública de Paz con Legalidad, incluido el apoyo de los países cooperantes, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de para los Derechos Humanos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, entre otros.

 

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