(Nueva York, 7 de octubre de 2011)
Intervención de la Delegación de Colombia en la Sexta Comisión (Asuntos Jurídicos), Tema 83 del Programa: El Estado de Derecho en los planos nacional e internacional
Señor Presidente:
En el párrafo 14 de la Resolución 65/32 del 6 de diciembre de 2010, la Asamblea General invitó a las delegaciones que hicieran uso de la palabra en la Sexta Comisión con respecto al tema que nos ocupa hoy a que, sin perjuicio del examen del tema en su conjunto, concentraran sus intervenciones en el subtema "El estado de derecho y la justicia de transición en situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto," de conformidad con la Nota del Presidente de la Sexta Comisión.
En acatamiento de esta sugerencia, mi delegación va a utilizar el tiempo de que dispone para describir varios desarrollos que se han presentado en Colombia en los últimos años y que se relacionan directamente con la temática de la justicia de transición. Consideramos que estos desarrollos representan avances de importancia en el camino de la reconciliación y el cese de la violencia derivada del conflicto armado y por lo tanto constituyen valiosas experiencias nacionales que queremos compartir con los restantes miembros de las Naciones Unidas.
Voy a referirme a dos aspectos específicos, contemplados en sendas medidas legislativas adoptadas por el Congreso de Colombia y que están siendo implementadas en este momento.
La primera de estas medidas es la Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso de Colombia en 2005 y que permitió la desmovilización de un grupo armado ilegal que se caracterizó por su crueldad y que por muchos años cubrió de muertos varias regiones de mi país: las denominadas "Autodefensas Unidas de Colombia" o AUC. Este proceso permitió que, por primera vez en el mundo, se llevara a cabo la desmovilización y desarticulación de un grupo armado ilegal que no había sido derrotado militarmente, sin que mediara un proceso de amnistía y dando aplicación cabal a los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.
Entre los años 2003 y 2006 el Gobierno de Colombia adelantó un proceso de diálogos y negociaciones con los miembros de bloques y frentes de las AUC y logró la firma de un acuerdo que condujo a la desmovilización colectiva de 31.671 personas y a la desarticulación de 34 facciones de ese grupo armado.
La Ley de Justicia y Paz fue diseñada para resolver la situación jurídica de los desmovilizados que se acogieron a este proceso –incluyendo desertores individuales de otros grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC o el Ejército de Liberación Nacional - ELN– y contempló procesamientos penales ante los tribunales y la imposición de penas principales y penas alternativas para los responsables de hechos violentos y delitos relacionados con el conflicto, así como un mecanismo para compensar a las víctimas con recursos del Estado.
Este proceso de desmovilización y de aplicación de mecanismos de justicia de transición se desarrolló en una escala sin precedentes en el mundo. Para dar una idea del tamaño del proceso, conviene tener presentes algunas cifras:
• 4.535 personas se acogieron a los mecanismos punitivos de ley 975 de 2005, incluyendo los principales comandantes de la AUC y más de 400 integrantes de otros grupos armados ilegales.
• Entre los hechos confesados figuran 48.541 homicidios, 1.755 masacres, 9.918 episodios de desplazamiento forzado, 4.812 casos de desaparición forzada, 2.834 casos de reclutamiento ilícito y 1.797 casos de extorsión.
• Como resultado de las denuncias y confesiones hechas ante los jueces, se encontró que las actividades ilegales de los grupos de autodefensa involucraban un número elevado de miembros de la clase política: 245 casos implicaban a alcaldes municipales; 32 a gobernadores; 48 a representantes a la Cámara; 45 a senadores de la República; 13 a diputados, y 59 a concejales. Dichas personas han sido y siguen siendo procesadas ante los tribunales competentes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, en el caso de altos funcionarios. En un proceso de depuración sin precedentes en el país, hasta la fecha este alto tribunal ha proferido más de 35 condenas por esto hechos.
• Se ha registrado oficialmente un total de 334.916 víctimas y se les ha brindado atención directa a 120.711 de ellas.
• Se han efectuado 181 jornadas especializadas de atención a familiares de personas desaparecidas, para beneficio de 37.774 personas.
• Se ha realizado la identificación de restos y su entrega a familiares de desaparecidos en 1.295 casos.
• 669 individuos incriminados han pedido perdón a las víctimas, 525 han manifestado públicamente su arrepentimiento y 577 han prometido no repetir las conductas punibles.
Desde sus inicios, este proceso ha recibido acompañamiento institucional internacional, gracias a la buena disposición y la voluntad de cooperar de la Organización de los Estados Americanos, la cual estableció una Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia.
En abril pasado esta Misión presentó al Consejo Permanente de la OEA un informe en el que se hace un balance objetivo del proceso, a seis años de haberse iniciado su puesta en práctica. Se resaltó allí que uno de los principales impactos de la desmovilización ha sido la desaparición de las autodefensas como realidad política. La Misión comentó a este respecto:
"Este hecho, expresado en la desmovilización de mas de 30.000 integrantes de los grupos de autodefensa en el período de 2004 a 2006; y la entrega y posterior destrucción de 18.051 armas por parte de estos grupos ilegales, fue de gran importancia, pues marcó un antes y un después en la interpretación y análisis del fenómeno de la violencia en Colombia y abrió nuevas oportunidades y desafíos en el difícil camino de construcción de la paz.
Como se ha venido resaltando en anteriores informes, la creación de la Ley 975/05, es un hecho sin precedentes debido a que es el primer intento de cumplir con los principales ejes de Justicia Transicional: verdad, justicia y reparación en el marco de los esfuerzos de paz de Colombia. A su vez representa un modelo que está siendo analizado por varios países que estudian la posibilidad de implementar mecanismos adelantados en Colombia. En ese sentido, la Secretaría General ha resaltado en sus informes los esfuerzos institucionales que realiza el Estado colombiano para su implementación y la creación de un engranaje institucional adecuado para funcionamiento."
En segundo lugar, hace pocos meses, en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente de Colombia sancionó la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, "Por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones".
Esta es la llamada "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras", la cual busca remediar hasta donde sea posible la situación creada por el conflicto armado en relación con la tenencia de la tierra. Se ha calculado que en las últimas décadas cerca de 2 millones de hectáreas le fueron arrebatadas a 450 mil familias que fueron despojadas por los grupos armados ilegales y 4 millones de hectáreas adicionales fueron abandonadas por sus propietarios legítimos, por temor al regreso a zonas azotadas por la violencia de los actores armados.
El Gobierno ha declarado que el Estado colombiano está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para que se alcance la justicia y se logre la reparación de las víctimas, contando con la comprensión y el acompañamiento de la comunidad internacional.
Dentro de este marco, el objetivo de esta Ley es reparar a las víctimas de crímenes cometidos en relación y con ocasión del conflicto armado y restituir sus tierras a los campesinos que fueron despojados de sus parcelas por los actores armados ilegales. La ley está inspirada por la firme convicción que tiene el Gobierno de que los colombianos debemos aprender a superar la violencia que nos ha tocado vivir, y que aún persiste, y decidirnos a construir una sociedad reconciliada y progresista.
En términos concretos, la Ley busca cancelar los títulos fraudulentos obtenidos por la violencia y devolver las tierras a sus verdaderos poseedores y propietarios, sin trabas jurídicas ni institucionales.
Así mismo, medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas harán parte de normas específicas para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres.
El Estado ofrecerá también especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado.
El desafío es enorme, ya que se estima que cerca de 4 millones de personas que han sido víctimas de la violencia en el país, lo que corresponde a aproximadamente 1 millón de familias, incluyendo población desplazada, podrán acogerse a los beneficios de la reparación contemplados en esta Ley.
Este es un proceso que se inició hace apenas dos meses. La sociedad colombiana y sus instituciones democráticas están listas para encarar el desafío y para hacer todo lo que sea necesario con el fin de implementar a cabalidad estas ambiciosas medidas.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que nos acompañe en este proceso. Muchas gracias.
